jueves, julio 21, 2011

Un fallo bien fallo

En un preocupante fallo judicial, que coloca en serios aprietos a todas aquellas personas que afirman que en Venezuela todavía existe un régimen democrático, el juez Alberto Rossi, titular del Tribunal Vigesimoprimero de Control de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, acaba de condenar a dos de prisión al exgobernador del Estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, luego de hallarlo culpable de difundir «falsa información».
El 8 de marzo de 2010, en el programa de televisión Aló Ciudadano, el excandidato presidencial señaló que nuestro país servía de centro de operaciones a redes continentales del narcotráfico. La gravedad de la declaración llevó a la Fiscalía General de la República a solicitar un juicio contra el político socialcristiano por los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de falsa información.
Pero si tal cosa es verdad, si al draconiano Ministerio Público le asiste la razón al calificar la existencia de mafias internacionales del narcotráfico como una mentira de índole subversiva, un hecho totalmente negado en la realidad, ¿entonces por qué carajo fue librada la orden de captura contra Walid Makled?, ¿por qué fue puesto tanto empeño en que se le extraditara desde Colombia? ¿Será tal vez por el delito de reventa de entradas para la final del baloncesto profesional entre Cocodrilos de Caracas y Marinos de Anzoátegui? ¿Piensan acaso que somos tarados? Si en nuestro país la mentira fuese un delito, esta sería la hora en que la Fiscalía estaría abriendo una investigación al presidente de la Asamblea Nacional por haber jurado que Hugo Chávez no tenía cáncer o al mismísimo ministro Jorge Giordani por haber indicado que el gobierno no aprobaría una devaluación del llamado bolívar fuerte.
En una dramática investigación periodística, publicada el domingo 10 de julio de 2011 en el diario El Universal, la reportera María Isoliett Iglesias califica al comercio ilegal de drogas como una de las principales fuentes de recursos de los pranes que dirigen, por la vía de facto, los centros penitenciarios venezolanos; esos «líderes negativos» (eufemismo gubernamental) que llegan a manejar anualmente, por concepto de ganancias, un promedio de dos millones y medios de dólares. En este sentido, un declarante que pidió mantener oculta su identidad, dada su condición de expresidiario, comentó: «Hoy varios de los penales, por no decir que todos, se convirtieron en centros importantes de distribución de drogas. Son jíbaros mayores. Eso quiere decir que distribuyen la droga en el sector donde está enclavado el reclusorio. También son centros de extorsiones importantes y suerte de torres de control de secuestros, en particular los de la modalidad exprés».
A contrapelo de la crisis, el gobierno insiste en construir su propia realidad. Una versión idílica que sirva de excipiente a la aplicación progresiva de una ideología que niega la libertad de pensamiento y la autonomía del individuo. La causa de tanta vileza queda expuesta por el marqués de Condorcet en una frase memorable: «Controlando la información, los poderosos persiguen la homologación ideológica y política, haciendo que los ciudadanos no aprendan nada que no sirva para confirmarles en las opiniones que los gobernantes quieren suscitar en ellos»
La uniformidad de las noticias se logra mediante mecanismos de coerción, algunos de origen tributario, otros de naturaleza judicial. En Venezuela, los tribunales están cada vez más comprometidos con la doctrina del derecho socialista y revolucionario; desarrollo teórico acomodaticio y banderizo que deja de lado lo dispuesto en la constitución y las leyes de la República, y sólo busca favorecer la hegemonía de un hombre y su ideología totalitaria.
El diputado Guillermo Palacios, en una rigurosa investigación de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, encontró que la casi totalidad de las solicitudes de antejuicio de mérito, iniciadas en contra de importantes funcionarios públicos, terminaron engavetadas o declaradas como improcedentes. Sólo en los casos de funcionarios caídos en desgracia con el régimen (como el general de la Guardia Nacional, Carlos Alfonso Martínez, el exgobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, y el parlamentario Wilmer Azuaje), el TSJ resolvió los antejuicios de mérito en 24 horas. Cuando el parlamentario analiza el caso del presidente Chávez, el lector avezado no puede dejar de recordar al escritor y aforista polaco Stanislaw Jerzy Lec quien señaló: «Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla». Es así como el «imparcial» Tribunal Supremo de Justicia ha declarado como inadmisibles 35 solicitudes de antejuicio de mérito contra el Jefe de Estado, mientras otras 30 han sido desestimadas. El culmen de esta jurisprudencia bolivariana lo alcanzó la Sala Político Administrativo al momento de dictaminar, en ponencia del magistrado Emiro Rosas (Fallo 393), que el presidente y sus ministros no están en la obligación de rendir cuentas a la población acerca de las decisiones gubernamentales, dado que el esfuerzo comunicacional pudiese distraerlos de lo verdaderamente fundamental: la dirección de las políticas públicas en resguardo de los intereses del pueblo.
Pero mientras @chavezcandanga guarda un silencio tuitero en relación con las grandes preguntas, el pueblo mengua por las tarascadas de esa hidra de mil cabezas que es la indefensión. Lo sabe muy bien la magistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, cuando, en una entrevista publicada el pasado domingo 17 de julio en el diario El Nacional, dice: «Ningún ciudadano tiene garantías de que un juez va a respetar sus derechos. Recordamos que si un juez acuerda la libertad de una persona que el gobierno quiere mantener presa, puede ser destituido y hasta encarcelado, como la jueza María Lourdes Afiuni. La mayoría de los jueces no tienen fortaleza profesional ni ética para administrar justicia, y no vacilan en entregar la libertad de una persona a cambio de su permanencia en el cargo (…) En Venezuela nadie puede dormir tranquilo y el que lo hace es porque no ha reflexionado sobra la gravedad del deterioro de la administración de justicia, porque no se ha dado cuenta de que con jueces miedosos y dispuestos a complacer al que detenta el poder político o económico todos los ciudadanos estamos en peligro de prisión y de muerte».

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